JUZGADOS- Otro juez investiga la planta de residuos del Guadalquivir por malversación y prevaricación
Oficinas centrales de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos – ABC
Otro juez investiga la planta de residuos del Guadalquivir por malversación y prevaricación
- Además del fraude en los camiones, otro juzgado de Sanlúcar la Mayor ha abierto nuevas diligencias por la contratación de un inspector que no tenía estudios para eso
Alberto García Reyes – SEVILLA
Otro juzgado de Sanlúcar la Mayor, en este caso el de instrucción número 4, ha abierto una segunda investigación contra los principales responsables de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en este caso por supuestos delitos de malversación y prevaricación. A la pieza ya abierta por el juzgado número 1 de esta localidad por un presunto fraude en la venta de los camiones de basura antiguos a un desguace sin llevar a cabo el procedimiento administrativo obligatorio, ahora se suma también una nueva denuncia que han presentado en los tribunales varios trabajadores de esta planta de residuos a partir de un informe del secretario-interventor de la Mancomunidad que pone de relieve la contratación de un trabajador afín al PSOE para ejercer funciones para las que no tenía la formación necesaria. Este «enchufado» llegó a alcanzar la consideración de funcionario público por razones que ahora va a investigar la juez Marta Pizarro, que dictó un auto el pasado 16 de septiembre para citar a declarar a los perjudicados —empleados que vieron truncada su promoción interna por estas decisiones políticas— y a los investigados, que tendrán que comparecer en el juzgado el próximo 18 de diciembre.
Concretamente, se señala como responsables de este nuevo fraude a varios alcaldes socialistas ya señalados también en la otra pieza, puesto que fueron presidentes de la Mancomunidad cuando se produjo el enchufe de una persona sin cualificación para dirigir la planta. El primero es el ex-alcalde La Puebla del Río Julio Álvarez, que ya fue condenado en 2011 a tres años de prisión y seis meses de inhabilitación por gastar más de 6.000 euros en llamadas telefónicas a una misma mujer desde el móvil del Ayuntamiento. También se investiga al alcalde socialista de Villamanrique, José de la Rosa, y a Rafael Moreno Segura, ex-alcalde de Huévar, donde otro juzgado de Sanlúcar investiga la supuesta compra de votos del PSOE en las últimas elecciones municipales. Además, están citados los distintos gerentes que ha tenido la Mancomunidad en estos años y el propio «enchufado».
El informe del secretario explica que al empleado investigado se le contrató como Inspector de Servicios de la planta de residuos percibiendo un salario que en ningún momento estaba aprobado por el consejo de administración y que a lo largo de su desempeño «ha visto incrementado el ya de por sí desmesurado complemento de productividad, en la idéntica cuantía a la establecida en el convenio colectivo de la entidad como paga extraordinaria para los inspectores de servicios». Es decir, este contratado cobraba «tres pagas extraordinarias». Y todo ello sin que la Mancomunidad tuviese aprobada ninguna relación de puestos de trabajo. El secretario añade que «el desempeño temporal por un funcionario de un puesto de un funcionario de categoría superior o el ejercicio de funciones superiores debe estar asignado de forma legal y con indicación de la figura jurídica que la ampara, debiendo asimismo formalizarse mediante acto administrativo expreso, circunstancias éstas que no se producen en el supuesto que nos ocupa». Además, el informe recalca que el trabajador investigado no tiene «los requisitos académicos precisos para el desempeño de las funciones que viene desempeñando, sin título habilitante que lo ampare», por lo que «debe acordarse el cese en las mismas y su incorporación de su puesto de origen». La cuestión crucial es por qué se escogió a una persona con vinculación política para desarrollar el trabajo de inspección de la planta sin tener cualificación para ello.
Esta será, por tanto, la segunda pieza abierta en los juzgados contra la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos. El de instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor ya investiga la «omisión deliberada del procedimiento de licitación pública» para deshacerse de vehículos que eran propiedad de esta institución y que presuntamente fueron vendidos «de manera directa a un desguace que no es el adjudicatario de dicho servicio», razón por la que los denunciantes alertan de que «el dinero público obtenido en la venta de estos recursos ha sido apropiado indebidamente por algunos integrantes» de la Mancomunidad. Los camiones que quedan inutilizados o en desuso y los restos metálicos de chatarra depositados en la planta de residuos se han estado vendiendo durante diez años de manera directa, sin procedimiento administrativo, por lo que esos ingresos no habrían llegado nunca al organismo público. En la Mancomunidad hay una alta rotación de camiones, de ahí que las cantidades supuestamente desviadas durante una década pueden ser muy altas.
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