Una ley andaluza blindará el derecho a comida, luz y agua

blindarEl Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de Servicios Sociales, que necesita el apoyo de otras fuerzas políticas. La Junta creará una Tarjeta Social electrónica y un historial digital para hacer un seguimiento de las prestaciones que necesita cada ciudadano
El Correo/Daniel Cela / Sevilla /12 ENE 2016

27 años después de promulgar la primera Ley autonómica de Servicios Sociales, la Junta de Andalucía aprobó este martes en el primer Consejo de Gobierno del año el proyecto de una segunda norma, pactada en la anterior legislatura con IU, y que viene a actualizar y profundizar en la de 1988. La educación, la sanidad y las pensiones están reguladas por una normativa básica del Estado, pero no existe una legislación equivalente que blinde los servicios sociales. Andalucía será la primera comunidad en hacerlo, amparándose en su propia ley orgánica (el Estatuto de autonomía), para dar carácter de derecho a un amplio catálogo de prestaciones sociales, de modo que los ciudadanos, si ven incumplido ese derecho, podrán reclamarlo por vía judicial. Hasta ahora sólo la atención a dependientes, que se integra en esta ley, tenía el rango de derecho subjetivo. “Esta ley garantiza que vamos a tener un sistema público de servicios sociales equivalente al sistema público de salud”, resumió la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio.

Esta norma «pionera», como la ha calificado la consejera, fue anunciada por primera vez en mayo de 2012 por el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Después de varios borradores, el anteproyecto de ley consensuado entre PSOE e IU fue aprobado en Consejo de Gobierno en julio de 2014, pero quedó en suspenso tras el adelanto electoral y la ruptura del pacto. Ahora regresa al Parlamento, modificado por la aportación de los agentes sociales, y necesitado del apoyo del resto de grupos para salir adelante.

La futura ley de Servicios Sociales, que inicia ahora su trámite parlamentario, distingue entre prestaciones “garantizadas” (obligatorias para la administración y reclamables por parte de la ciudadanía) y prestaciones “condicionadas”, que no constituyen un derecho al 100%, y que se otorgarán en función de la renta de las personas y siempre que haya disponibilidad presupuestaria de la Junta. Entre las primeras se incluye la teleasistencia, la atención en urgencia social, la protección de menores en desamparo (incluida su protección jurídica), la dependencia, las prestaciones a personas con capacidad limitada, los Planes Individuales de Atención (PIA) y los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento. La ley viene a garantizar las ayudas públicas para cubrir las necesidades básicas, como dificultades alimentarias, pobreza energética (luz, agua) y de vivienda (sin olvidar que hay otras leyes andaluzas que abordan específicamente el problema de los desahucios).

Hay dos instrumentos nuevos que van a permitir desarrollar esta ley: la llamada tarjeta social electrónica, similar a la tarjeta sanitaria, y la historia digital específica de cada usuario. Los beneficiarios de la futura normativa no sólo serán los andaluces, también todo aquel que resida en Andalucía, extranjeros empadronados, andaluces que viven en otros países, y todo aquel que resida en esta región en situación de extrema urgencia personal, familiar o social, incluido los inmigrantes en situación irregular (tendrán un trato distinto, pero no contarán con la tarjeta social electrónica), que recopilará todos los datos de la persona y las prestaciones sociales que necesita y ha recibido.

Cuando se apruebe la ley, cada andaluz tendrá asignado un trabajador social de referencia (también a domicilio), equivalente al médico de cabecera. Ese trabajador social debe planificar el tratamiento y seguimiento del grupo de población que le asignen, arropado por un equipo de apoyo de los servicios comunitarios, y si lo considera necesario podría derivar un caso concreto a un servicio más especializado (un psicólogo o un educador social). La norma introduce también dos nuevos derechos, hasta ahora no reconocidos: los andaluces podrán elegir de forma anticipada la atención social que quieren recibir en caso de sufrir alguna incapacidad en el futuro que le impida expresar su voluntad. La Junta blindará por ley la decisión de una persona, por ejemplo un dependiente de grado alto, que rechaza ser ingresado en una residencia, si previamente ha dejado constancia de que prefiere ser atendido por un trabajador social en su propia casa. En segundo lugar, también se regula el «derecho de renuncia» a una prestación, una potestad ligada la Ley de Muerte Digna.

La ley obligará a diseñar un mapa de recursos sociales, una vieja reivindicación del sector, y que replanteará la cobertura de prestaciones sociales que ahora se estructura a dos niveles: los servicios sociales comunitarios y los especializados. Esto implica desarrollar una nueva estructura, que se plasmará en un plan estratégico que pasa por reordenar la atención social por distritos, tratando de «armonizar las zonas de influencia de servicios sociales con los distritos sanitarios», es decir, delimitar el cupo de personas por barrio al que tendrá que atender cada trabajador social. El objetivo de la ley es integrar al personal especializado con los servicios sociales comunitarios y diseñar unos criterios mínimos obligatorios para toda entidad que ofrezca este tipo de prestaciones. La nueva legislación mantiene la competencia de los servicios sociales comunitarios en los ayuntamientos (a pesar de que la Reforma Local del Gobierno del PP, ahora en suspenso, traspasó esa potestad a las comunidades). El año pasado, los 85.000 profesionales que trabajan en el sector atendieron a 1.100.000 personas, entre mayores, enfermos mentales, pacientes con alzhéimer, discapacitados, drogodependientes, personas sin recursos económicos, minorías étnicas, temporeros, centros de mujer… El proyecto de ley tiene una memoria económica funcional de 1.725 millones de euros para este año. Los ayuntamientos, que serán quienes desarrollen gran parte de los servicios sociales, contarán con un crédito inicial de 550 millones que les transferirá la Junta, ha explicado Sánchez Rubio.

Por último la consejería un Comité de Ética de los servicios sociales de Andalucía, un órgano consultivo que velará por el derecho de las personas a elegir cómo quieren ser atendidas en condiciones de «dignidad». Además, con el propósito de mejorar los servicios sociales, la Junta implantará un nuevo modelo de gestión de los centros y unidades de titularidad pública (centros de día, residencias, etc..) introduciendo la figura del «contrato programa y los acuerdos de gestión», que pasan por «vincular objetivos a recursos y resultados». Es decir, aquellos que funcionen mejor percibirán más fondos.

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