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HUÉVAR – El juez cita a declarar en septiembre a los ex-alcaldes socialistas de Huévar

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El juez cita a declarar en septiembre a los ex-alcaldes socialistas de Huévar

  • A Rafael Moreno y Áurea Borrego se les investiga por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude electoral
  • Las comparecencias ante el juzgado de instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor serán el próximo 17 de septiembre

Fuente: Andalucia Información

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha llamado a declarar a los dos últimos alcaldes socialistas de Huévar del Aljarafe, Rafael Moreno y Áurea Borrego, tras reabrir la causa que investiga una presunta compra de votos en la localidad sevillana.

Según ha adelantado ABC y han confirmado a Efe fuentes judiciales, a los dos ediles se les interrogará el próximo 17 de septiembre en el caso de la presunta compra de votos denunciada por el PP.

Los alcaldes han sido llamados después de que el pasado 23 de febrero la Audiencia Provincial de Sevilla ordenase a un juez que siga investigando la denuncia que el PP presentó contra Francisco Martín (PSOE), exteniente de alcalde de Huévar del Aljarafe, por presuntamente comprar votos y desviar fondos públicos al pago de varios mítines.

El 14 de octubre anterior, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor decretó el cierre provisional de la investigación, una decisión que ratificó el 6 de noviembre al rechazar el recurso de reforma presentado por el PP contra la primera resolución.

En el auto, la Sección Tercera de la Audiencia sevillana estimaba el recurso de apelación del PP-A contra ambas resoluciones, calificaba el sobreseimiento provisional de «prematuro» y no descartaba la «naturaleza delictiva» de los hechos denunciados.

De hecho, manda al juez continuar con la investigación y practicar las pruebas interesadas por el PP, que considera «pertinentes», porque así «estará en condiciones inmejorables» para decidir si existen motivos para continuar la instrucción o archivarla.

El juez instructor alegó que el posible delito electoral, basado en un documento del 26 de octubre de 2009, estaba prescrito al haber transcurrido «sobradamente» los cinco años estipulados para esa infracción, ya que la denuncia fue interpuesta en octubre de 2019.

Sin embargo, la audiencia entendía que, por encima de cuándo se fechó el documento, había que investigar el momento en que se produjeron los presuntos hechos.

El documento manuscrito al que alude reflejaría los nombres, apellidos y apodos de vecinos del pueblo a los que se pediría el voto al PSOE en las elecciones municipales a cambio de favores municipales, con el nombre de ‘Plan 1.000’ en base al número de votos necesario para conseguir la mayoría absoluta en el municipio sevillano.