La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, atiende a los medios de comunicación – Archivo
Archivada la denuncia del PP por presunta «compra de votos» en Huévar del Aljarafe (Sevilla)
La Justicia rechaza las denuncias presentadas por el PP e IU por supuesta corrupción política en ambas localidades del Aljarafe
Tanto el PP como IU han recurrido el archivo decretado por los jueces al entender que hay indicios de delito
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias incoadas merced a la denuncia promovida por el PP por un presunto delito electoral que atribuía a la Agrupación socialista de Huévar del Aljarafe, a la que el PP acusaba de ofrecer empleo en el Ayuntamiento a cambio del voto en los comicios municipales de 2019, acusando además a los socialistas de un presunto delito de malversación continuada con relación a un mitin celebrado en 2002 por el PSOE y que según los populares habría sido costeado con dinero público.
Los populares interpusieron su denuncia ante la Fiscalía el pasado mes de octubre de 2019, después de que las elecciones municipales de aquel año se saldasen en Huévar del Aljarafe con el PP como fuerza más votada pero un empate a cinco concejales entre los populares y el PSOE. Finalmente, en la sesión de investidura prevaleció la candidatura del PP al ser la más votada y la popular María Eugenia Moreno arrebató la Alcaldía al PSOE.)
Ante la denuncia del PP, basada según los populares en documentación localizada en el Ayuntamiento, la Fiscalía Provincial de Sevilla abrió diligencias, trasladando después el asunto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Sanlúcar, que después acordaba incoar diligencias previas.
MÁS DOCUMENTACIÓN
En principio, el juzgado había atisbado posibles «características» en los hechos de las que se podría «presumir la posible existencia de una infracción penal», requiriendo entonces a la alcaldesa popular de Huévar, María Eugenia Moreno, que «de forma ordenada y numerada» aportase a las diligencias «toda la documentación» descubierta en el Ayuntamiento relativa a este asunto.
No obstante, y según fuentes municipales, el Juzgado número cinco de Sanlúcar dictó el pasado 14 de octubre un auto decretando el archivo provisional de la causa ante una petición expresa de la Fiscalía en ese mismo sentido.
El PP, como acusación popular en estas diligencias, interpuso ante el juzgado un recurso de reforma contra dicha decisión, siendo desestimado el recurso por el juez instructor, ante lo cual el PP ha formulado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en contra del sobreseimiento de las actuaciones.
En el caso de Huévar, su alcaldesa, María Eugenia Moreno (PP), había pedido que se investigaran posibles delitos electorales por la “compra de votos y malversación continuada con dinero público” en el Ayuntamiento hervense por parte de los anteriores gobiernos municipales socialistas. La denuncia ahora archivada sostenía que a la alcaldesa se le negó la llave del Ayuntamiento después de ser investida y tuvo que pedir una copia, y al acceder a las dependencias municipales comprobó como los “antiguos regidores municipales habían procedido a almacenar e intentar destruir toda una serie de documentos” que se desconocen.
En el despacho de la Alcaldía y, en concreto, detrás de la silla del alcalde, había una “trituradora de papel, inservible y casi quemada por el uso”, mientras que en el despacho del teniente de alcalde se localizaron una serie de cajas con documentos algunos“transcritos de puño y letra del anterior ex alcalde Francisco Martín González”, según relataba la denuncia de los populares.
EL PP DE HUÉVAR DENUNCIÓ QUE SE OFRECIERON «DÁDIVAS Y RECOMPENSAS» A VECINOS O FAMILIARES
Los denunciantes añadían que al comprobar esas cajas descubrieron que se trataba de un “intento de ocultar las maniobras del anterior equipo de gobierno municipal y el partido al que representan para incidir en los electores y vecinos del pueblo, mediante, sin duda, el ofrecimiento de dádivas y recompensas mediante la contratación pública de vecinos o familiares, para la obtención de votos en las diferentes elecciones”.
Por la extensión de la documentación encontrada, el PP aseguraba que había “claros indicios de la existencia de un entramado para la captación de votos mediante el ofrecimiento de trabajos municipales”. También denunciaron una serie de facturas “presuntamente pagadas con fondos municipales, entre las que se encuentran una serie de cargos por carteles e invitaciones a un mitin del PSOE”.
La denuncia de Albaida
Por su parte, el coordinador de IU-LVCA en Albaida del Aljarafe, Clemente Franco, presentó una denuncia contra el alcalde de esta localidad, José Antonio Gelo, por la supuesta compra de votos a cambio de puestos de trabajo en el Ayuntamiento y un fraude relacionado con el voto por correo. Esta denuncia se dirigía además contra otras siete personas, entre ellas varios concejales o ex ediles socialistas y algún trabajador de la Oficina de Correos, a los que acusa de haber formado una “posible organización o grupo criminal” dirigida a la compra de votos en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.
IU de Albaida indicaba que había “sospechas e indicios” de un posible fraude en el voto por correo de más de 100 personas, cuyos DNI habrían sido recogidos con “promesas” de obtener contratos laborales o con “amenazas veladas” de quedarse sin el puesto de trabajo, en unos casos, o de “cerrar el programa de alfabetización para mayores si no se votaba al PSOE”, en otros.
En este caso, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor ha dictado un auto en el que acuerda el archivo «al no existir motivos para la continuación del procedimiento por considerarse que los hechos que han dado lugar al presente procedimiento no han quedado debidamente acreditados y ello pese al extraordinario trabajo de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla», precisa el auto de dos folios, al que ha tenido acceso este periódico.
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