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La matriculación y venta de coches de combustión se prohibirá a partir de 2040

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El Gobierno prohibirá la matriculación y venta de coches de combustión a partir de 2040

El Gobierno prohibirá la matriculación y venta de coches de combustión a partir de 2040

A partir de 2040, ni los turismos ni los vehículos comerciales ligeros que produzcan «de forma directa» emisiones de carbono se pondrán vender o matricular. Al menos, así figura en la Ley de Cambio Climático que prepara el Gobierno y que afectaría a los coches gasolina o diésel, aunque también los híbridos o los de gas, según fuentes de Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo es que en 2050 el parque móvil esté libre de emisiones.

El texto con el que trabaja el Gobierno ya ha sido remitido a los diferentes partidos políticos. Contempla una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Esto supone que para ese año las emisiones deberían ser de 230 millones de toneladas, frente a los 290 millones que fijan los objetivos de la Unión Europea para España. Para ello, la ley de Cambio Climático abarca sectores como la energía, la edificación o la adaptación al cambio climático; aunque uno de los cambios más relevantes que plantea son los que afectan a la movilidad.

De salir adelante la norma, que aún tiene que ser tramitada y negociada en el Congreso, España se uniría a otros países como Reino Unido o Francia en los que también se ha anunciado ya la prohibición a la venta de vehículos diésel y gasolina. Lo que sí seguirá permitido entre 2040 y 2050 será su circulación.

La ley establecerá además la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con «zonas de bajas emisiones» antes del año 2023. Es decir, poblaciones como Toledo, Pontevedra, Gandía o Coslada deberían implementar esta medida de restricción al tráfico. «Sabemos que algunos ayuntamientos están tomando ya medidas, pero no todos tienen la misma capacidad», dicen fuentes ministeriales, que también destacan que es necesario «contar con sendas de certidumbre, que no haya mecanismos de regulacion distintos».

Respecto al transporte por carretera, el Gobierno tiene previsto elaborar un estudio sobre el establecimiento de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.

Para fomentar los vehículos eléctricos, se fijará la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las gasolineras, para lo que se creará un plan progresivo, dividido en rangos, en función del volumen de servicios que presten las gasolineras.

  • Fin de las ayudas

De manera inmediata, además, tal y como figura en el borrador, se prohibirá el establecimiento de nuevos subsidios u otros incentivos «que favorezcan el consumo de combustibles fósiles», lo cual podría implicar la desaparición de los planes de ayuda a la compra de vehículos de combustión.

También se estudiará el régimen fiscal actual que se aplica a los combustibles fósiles «identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su consumo y se incluirá una propuesta de calendario para llevar a cabo su revisión, en línea con los objetivos de descarbonización».

  • Energías renovables

El Gobierno quiere que el sistema eléctrico español se base exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050, mientras se prohíbe el fracking con prórrogas solo hasta 2040. A partir de la entrada en vigor del texto, no se permitiría la exploración ni concesión de explotaciones para la explotación de ningún tipo de hidrocarburo.

Para 2050, las emisiones deberán haberse reducido un 90%, según el documento que podría presentarse en el Congreso antes de que acabe el año.

Rehabilitación de edificios

Las viviendas no se han quedado fuera de la ley y entre 2021 y 2030 se deberán rehabilitar con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año de media. Además de los edificios privados, el borrador contempla que el Gobierno fomente por su parte la renovación de los edificios públicos para conseguir edificaciones de alta eficiencia energética y descarbonizadas antes de 2050.

  • Fiscalidad

El borrador contempla también la necesidad de una nueva política fiscal que incorpore elementos para incentivar una economía baja en carbono, si bien no se han concretado todavía y están a la espera de que se defina «el modelo fiscal en su conjunto», apuntan fuentes ministeriales.

Lo que sí se ha concretado ya es la obligatoriedad para las empresas cotizadas y las entidades de crédito de presentar un informe de riesgo climático, mientras que el Banco de España elaborará cada dos años un informe sobre el riesgo para el sistema financiero del cambio climático y las políticas para combatirlo, que será remitido al Congreso.

Fuente: ABC