45.000 familias andaluzas cobrarán la Renta Mínima en 2018

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La Junta aprueba este martes el decreto que regulará la prestación, que tendrá una dotación de 198 millones y prestaciones mensuales mínimas de 419 euros

Aunque ha sido esta mañana en el Palacio de San Telmo cuando ha trasladado los detalles definitivos a las organizaciones sociales, fue la semana pasada cuando la presidenta Susana Díaz avanzó la fecha en el Parlamento: la Renta Mínima de Inserción Social entrará en vigor el 1 de enero de 2018, tendrá una dotación de 198 millones de euros el año que viene y unos 820 millones hasta 2021 y alrededor de 120.000 beneficiarios de unas 45.000 familias, que percibirán entre 419,52 y 779,87 euros durante un periodo máximo de un año, independientemente de otro tipo de ingresos como los que reciben determinadas familias para alimentos o en concepto de orfandad.

Para tener derecho a la percepción de la RMI los ingresos de la unidad familiar no pueden superar los 418 euros mensuales –poco más de 5.000 euros al año– y el beneficiario debe insertarse en programas orientados a su reingreso en el mercado laboral.

Un decreto pactado

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha reunido este lunes con entidades sociales que han participado en la redacción del decreto ley de la Renta Mínima de Inserción Social que se aprueba este martes el Consejo de Gobierno. En la foto de familia de la solidaridad tomada en San Telmo no parece que haya faltado nadie. Han asistido a la cita representantes de los sindicatos CCOO y UGT, de las asociaciones de consumidores FACUA y UCA, de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y de la Confederación Empresarial de Economía Social (CEPES).

Y es que el Gobierno andaluz ha puesto especial cuidado en impulsar y concretar el proyecto de la mano de las organizaciones sociales y ONG involucradas en combatir la exclusión social. Aun así, para Izquierda Unida, por ejemplo, sigue siendo insuficiente ya que, según sus cálculos, en Andalucía hay 250.000 los hogares andaluces con todos sus miembros en paro que serían susceptibles de recibir la renta mínima.

En todo caso, desde el Gobierno autonómico se recuerda un dato del que los socialistas se sienten particularmente orgullosos: Andalucía ha reducido la pobreza en un 17,7 por ciento y es la comunidad que redistribuye “más y mejor” los recursos públicos entre la ciudadanía, según el Instituto de Estudios Fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda.

Los detalles

En junio pasado, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales convocaba la primera Comisión para el desarrollo de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, unos días después de que la presidenta Díaz hiciera el primer anuncio de la misma en el Parlamento.

La consejera María José Sánchez Rubio informó entonces de que la norma reguladora se materializaría por el trámite de urgencia inspirándose en un modelo de atención basado en criterios de universalidad y dando prioridad a las familias con hijas e hijos menores de edad, a las unidades familiares monoparentales o monoparentales y a las mujeres víctimas de violencia de género. En este último caso y cuando las víctimas tengan menores de edad a cargo, se podrá prorrogar cada seis meses la percepción mientras se mantenga la situación que motivó su concesión.

El decreto que se aprueba este martes modifica algunos de los requisitos establecidos en el anterior Ingreso Mínimo de Solidaridad, como el de que podrán solicitarlo varias unidades familiares sin parentesco que convivan en el mismo domicilio. También se modifican los recursos computables para tener derecho a la percepción de la Renta Mínima de Inserción, que no será incompatible con las pensiones de alimentos, las remuneraciones por acogimiento familiar, las prestaciones por hija o hijo a cargo, las pensiones de orfandad, las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia, y las becas para educación o la formación y el transporte.

Un “cambio de rumbo”

Para la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, este lunes ha sido “un día importante en Andalucía, sobre todo para quienes están sufriendo las dramáticas consecuencias de una crisis brutal y de unos recortes y reformas laborales que han provocado un enorme aumento de la pobreza”.

López quiso recordar que el decreto de la Junta se da respuesta a una iniciativa del movimiento sindical que data de finales de 2012. Y tampoco olvidó subrayar las 40.000 firmas recogidas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que en 2015 “fue rechazada por la Junta sin permitir su debate en el Parlamento”. CCOO se congratula “de que haya habido un cambio de rumbo en la política del Gobierno andaluz”.

Por parte de UGT estuvieron en la reunión la secretaria general, Carmen Castilla, y la secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT Andalucía, Soledad Ruiz.imagen-sin-titulo

Podemos, IU o Save the Children aseguran que sólo un 20% de hogares sin ingresos podrá cobrar una prestación que creen que difiere poco del salario social que se paga desde 1999 y se pregunta….¿hay truco?

Otras organizaciones como Save the Children han considerado insuficiente las partidas económicas previstas para esta renta mínima y piden que se consignen hasta 670 millones de euros en el Presupuesto andaluz, más del triple de lo previsto. El principal criterio para poder acceder a la futura renta es que la unidad familiar ingrese menos de 418 euros al mes, lo que supone unos ingresos anuales de 5.016 euros. Esto, a juicio de la ONG, implica que muchas familias que se encuentran por debajo del umbral de pobreza severa andaluz (que supone ingresar como mucho 8.785,45 euros al año para una familia de 2 adultos y 2 hijos menores de 14 años), pero por encima del criterio fijado, se queden sin poder recibir la prestación.