Siete ayuntamientos de Sevilla están entre los cien más morosos
Siete ayuntamientos de Sevilla están entre los cien más morosos
Son La Algaba, Villanueva del Río y Minas, El Coronil, Gilena, Santiponce, Palomares y Los Palacios – Otros 36, entre ellos la capital, también incumplen el plazo legal para pagar facturas
El Ministerio de Hacienda hizo públicos el pasado 22 de noviembre los últimos datos sobre el periodo medio de pago a proveedores de las administraciones, el tiempo que éstas tardan en abonar las facturas por bienes, obras o servicios que les prestan empresas. Se corresponden con el mes de septiembre y no dejan en buen lugar a siete ayuntamientos de Sevilla, que no sólo han incumplido la Ley de Morosidad, sino que se han situado entre los 100 del país que más tardan en pagar.
En el segundo puesto de más de 5.860 municipios y otras entidades locales (como mancomunidades y diputaciones) de España se situó el Ayuntamiento de La Algaba, que tardó de media más de 826 días en pagar. Es decir, bastante más de dos años, y una cifra que sólo supera el Ayuntamiento de Casas del Monte (Cáceres). La Algaba empeora además sus datos con respecto a 2016.
La tardanza en el pago, de mayor a menor
En puestos destacados se sitúan también Villanueva del Río y Minas (más de 615 días para pagar y en el puesto 11 del ranking nacional); El Coronil (475 días, puesto 37); Gilena (387 días, puesto 64); Santiponce (384 días, puesto 68); Palomares del Río (que ocupa el lugar 71 entre los que más tardan en pagar del todo el país, 380 días en su caso) y Los Palacios y Villafranca (en el puesto 87 de ese ranking y 344 días para pagar).
Según los plazos que están en vigor desde el año 2013 para la Ley de Morosidad, las administraciones públicas deben abonar sus facturas en el plazo de 30 días, que empiezan a contar a partir de otros 30 que tienen para verificarlas o comprobar que el servicio se ha prestado conforme a lo previsto y que todo está correcto. Según los nuevos datos disponibles en la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, hay otros 36 ayuntamientos de Sevilla que superan esos 30 días de plazo legal, lo que posibilita que las empresas, si así lo estiman oportuno, reclamen intereses de demora.
Ocupan también lugares destacados Morón de la Frontera, Montellano, Villaverde del Río y Guadalcanal que tardan más de 200 días en pagar. Por encima de los cien días están Cazalla de la Sierra, Huévar del Aljarafe, Cañada Rosal, Carrión de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Estepa, Écija, Brenes, Almensilla, Marinaleda y Alcalá de Guadaíra.
Este último es además el peor pagador entre los tres grandes ayuntamientos de la provincia de Sevilla. No obstante, la capital también tarda más de dos meses en hacerlo, en concreto, el doble de lo previsto o 62 días. Esto sitúa a la ciudad de Sevilla en la media de las corporaciones locales del país, que fue en el mes de septiembre en 61,27 días. El único municipio de gran población de la provincia que se ajusta a la ley e, incluso, se sitúa entre los más rápidos en abonar sus facturas es el Ayuntamiento de Dos Hermanas, que empleó siete días desde la verificación de las mismas para traspasar el dinero a sus destinatarios finales.
Este parámetro del periodo medio de pago a proveedores es uno de los que se tienen en cuenta para certificar que una administración local se ajusta o no a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El departamento de Cristóbal Montoro ya ha amenazado, de hecho, a 22 grandes municipios del país que exceden esos plazos de forma reiterada con intervenirlos si no lo corrigen, aunque de momento no se ha especificado si está previsto remitir cartas similares a otros más pequeños en idénticas circunstancias.
En la web de Hacienda sólo consta información de 90 ayuntamientos sevillanos, no de los 105. Los que no aparecen es porque no han remitido su información en tiempo y forma. Así, atendiendo a los datos disponibles, puede concluirse que más de 47% de los ayuntamientos de la provincia siguen teniendo problemas con este aspecto, que tiene importante repercusiones además para las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que suelen trabajar con los ayuntamientos.
Otros 30 municipios sevillanos están dentro del plazo legal previsto para pagar sus facturas, de un mes. Hay que destacar, en este sentido, la mejora que han logrado once ayuntamientos de la provincia, que hace un año incumplían la Ley de Morosidad, pero que en este 2017 sí se ajustan a los plazos: es el caso de Tomares, Bormujos, Martín de la Jara, Alcalá del Río, Mairena del Alcor, Tocina, Badolatosa, Aznalcóllar, La Puebla del Río, El Real de la Jara y Espartinas.
Además, hay 17 ayuntamientos que incluso van más allá y pagan antes de agotar los 30 días que tienen para verificar las facturas. En este sentido, destacan Lantejuela, Villanueva de San Juan, El Castillo de las Guardas, Castilleja de la Cuesta, Aznalcázar, La Campana, El Madroño, Alcolea del Río, Albaida del Aljarafe, Paradas, Salteras, Villamanrique de la Condesa, Constantina, El Cuervo, Marchena, El Pedroso, El Rubio y La Puebla de los Infantes.
Estos plazos se introdujeron en la Ley de Morosidad con una modificación en 2010. Se aplican desde 2013. Un año después, mediante un decreto, el Ministerio de Hacienda estableció un sistema para calcular el periodo medio de pago a proveedores en las administraciones públicas, con la obligatoriedad de publicarlo cada año antes del mes de octubre.
No obstante, de momento no se han concretado sanciones por incumplirlo, más allá de que el Ayuntamiento no pueda realizar determinadas operaciones financieras sin autorización o tenga que abordar un plan económico-financiero. Pero el debate está sobre la mesa: justo este año, 2017, se ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso para estudiar sanciones. Es algo que están reclamando sobre todo los autónomos y pequeñas y medianas empresas, cuyo músculo financiero se ve gravemente afectado cuando acumulan facturas importantes sin cobrar.
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