DIPUTACIÓN DE SEVILLA – La urgencia social en los pueblos se eterniza

La macroeconomía remonta el vuelo e incluso las colas del paro, al menos números en mano, empiezan a menguar. Pero la crisis sigue tan presente que afloran decenas de casos de familias que no pueden llegar a fin de mes en la provincia. La urgencia social se ha cronificado en la provincia y eso no escapa a los ojos de la Diputación de Sevilla que ha convertido un plan de empleo que era extraordinario –se ideó en los tiempos más turbulentos de la crisis– en perpetuo. El proyecto de presupuestos de la institución provincial para 2018 reedita el Plan de Urgencia Municipal (PUM), que inició su andadura en 2009 y que, para el próximo ejercicio, contará con una partida de cinco millones de euros para emplear a personas que se sitúan en riesgo de exclusión social. Con esa cantidad, la Diputación logró generar 5.000 contratos temporales, con una duración de entre 15 días y tres meses y un salario de unos mil euros brutos.

El PUM fue concebido para mantener las rentas más vulnerables y, desde 2009, ha destinado 59 millones, a los que se sumarán los cinco presupuestados en 2018. A su vez, hay que contabilizar la aportación de los ayuntamientos, que lo han hecho con más de ocho millones.

Equilibrio territorial

Este plan es solo la punta del iceberg de una política social de la Diputación que, en sus cuentas para 2018 recogen 68,8 millones para que «las necesidades sociales de los municipios estén cubiertas», según el presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, que insistió en el reto de mantener el «equilibrio interterritorial para contribuir desde el componente social a mantener una provincia cohesionada».

Para ese cometido, el área de Cohesión Social presta la asistencia técnica y económica necesaria para el funcionamiento de losServicios Sociales Comunitarios municipales, dotándolos de plantilla con una dotación económica de 12,3 millones. También se recoge 23,9 millones en el presupuesto para llevar a cabo programas sociales como el Servicio de Ayuda a Domicilio y contribución a la Ley de Dependencia.

A su vez, se destinarán 2,9 millones para la atención a drogodependencias a través de una red formada por 27 centros ambulatorios de toda la provincia. A esta red se incluyen los Servicios Centrales de Miraflores, que desarrollan la gestión administrativa de servicios especializados (drogodependencias y adicciones, mayores y discapacidad).

El presupuesto contempla igualmente 740.000 euros para un paquete de ayudas económicas familiares con unas prestaciones de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias para la atención a las necesidades básicas de los menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes. Están dirigidas para la prevención de riesgo social.

Otra línea va asociada a la colaboración con entidades con fines sociales que trabajan en la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual mediante becas como auxiliares de oficina en las propias dependencias. Asimismo, contempla la colaboración y apoyo económico a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que se suman al programa que, para 2018, se cuantifica en 326.000 euros. Otra de las actuaciones que se llevan a cabo es la atención a los inmigrantes y gitanos con una dotación económica de 414.000 euros.

Por último, en materia de Igualdad, la institución provincial apuesta, con 1,4 millones por la prevención y asesoramiento de la erradicación de la violencia de género, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y por la diversidad, el apoyo al empresariado femenino.

Fuente: El Correo – Iñaki Alonso