El plan «nini» del Servicio Andaluz de Empleo: ni orienta ni asesora

Usuarios, en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo

La agencia que atiende a los parados se encuentra desde hace años instalada en la precariedad y en conflictos laborales por el despido de empleados

Resulta toda una paradoja que Andalucía, la comunidad autónoma española con mayor número de parados, en torno al millón, disponga de una Agencia, la del Servicio Andaluz de Empleo(SAE), que se encuentra inmersa en una etapa de gran precariedad. Encargada de la intermediación laboral, como la tramitación de búsquedas de ofertas para desempleados, dispone de una plantilla de funcionarios y laborales totalmente insuficiente según los sindicatos, que últimamente sufren hasta problemas para cobrar las nóminas. Pero además, los grupos de apoyo del SAE, bien en las propias oficinas, como los promotores o los orientadores de empleo, o los que se crearon para colaborar con ayuntamientos y consorcios, los Alpes y los Orienta, se encuentran enfrascados en una batalla legal contra la Consejería de Empleo, a la que pertenece el SAE, después de haber sido despedidos por carecer la Junta de disponibilidad presupuestaria.

«El SAE nunca ha adecuado su plantilla a la relación de puestos de trabajo (RPT), y hay plazas que no están ocupadas tanto de funcionarios como de laborales. Es una plantilla que nunca está cubierta, en un porcentaje de más de la mitad, y además no se cubren las bajas», asegura el declaraciones a ABC el presidente del sindicato CSIF en la provincia de Sevilla, Rafael Martínez Blanco.

«Y todo el que puede se va del SAE  añade debido a la presión que hay y a los riesgos sicosociales que conlleva que una persona tenga que hacer el trabajo de dos. Por eso las oficinas están mal», si bien el personal que está al frente de las mismas, enfatiza Martínez Blanco, está integrado «por grandes profesionales».

Profesionales que cobran las nóminas en los últimos meses en fechas que están al límite legal, y después de que la Junta lleve a cabo modificaciones presupuestarias, indicó a este periódico Enrique Álvarez, responsable del sector de Administración General de la Junta en CSIF, quien ha solicitado una entrevista con el director gerente del SAE para abordar esta situación ante el temor de que pueda empeorar en lo que resta de año.

Este colectivo de funcionarios y laborales no puede compartir carga, según el presidente de CSIF de Sevilla, con los 1.500 trabajadores procedentes de la antigua Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), a los que el SAE asumió, al tener un cometido muy limitado.

Y se da la circunstancia de que la Junta, con el argumento de que el Gobierno central cortó las ayudas que destinaba a las políticas activas de empleo, decidió en 2012 el despido de quienes participaban en los programas de orientación y asesoramiento, en lugar de buscar ingresos alternativos como sí ocurrió en otras comunidades.

En la calle

De esta forma, 413 asesores que trabajaban físicamente en las oficinas del SAE realizando funciones tales como la atención a los desempleados, sellados de demandas de empleo, registros de contratos o seguimiento, se encontraron en la calle. Otros 413 promotores de empleo, que el SAE contrató para apoyar a los asesores, corrieron la misma suerte.

Por lo que respecta a los ALPE, más de 800 quedaron sin trabajo al disolver la Junta las Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), financiadas por el SAE para colaborar con los consorcios escuela. Y otros tantos trabajadores del programa Orienta se fueron al paro al quedar suprimida la actividad.

Todos los afectados han presentado denuncias y las sentencias han sido en la mayoría de los casos favorables a los trabajadores. No obstante, según denuncian los afectados, la Junta ha actuado de forma arbitraria y a veces ha recurrido, o se ha allanado, ha aceptado la reincorporación de algunos empleados o ha consentido que permanezcan en sus casas cobrando pero sin acudir al trabajo. Y mientras tanto, miles de desempleados sufren las consecuencias.

Enlace relacionado:

La Junta acorralada por la justicia: tendrá que recolocar a 700 despedidos en Empleo