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Diputación ultima el reparto de 4 millones para complementar planes de empleo y pide compromiso al Estado

Fernado Rodriguez Villalobos

Fernado Rodriguez Villalobos

Dos Hermanas recibirá 287.105 euros; Alcalá de Guadaíra, 168.671 euros; Utrera, 144.223 euros; y Los Palacios,114.655 euros

La Diputación de Sevilla, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, va a aprobar en próximas fechas el reparto de las subvenciones del denominado Programa de Apoyo a la Contratación Laboral, con el que se van a distribuir cuatro millones para ayudar a los ayuntamientos sevillanos con los costes añadidos derivados de las contrataciones temporales reguladas por los diferentes decretos autonómicos de empleo.

En este marco, el presidente de la institución provincial ha indicado que con esta acción se quiere demostrar que se está “al lado de todas las iniciativas desde las Administraciones públicas que sumen esfuerzos a la empleabilidad”. Así, se complementa, apoya y respalda la creación de empleo en la provincia de Sevilla, mientras que se insta al Gobierno central “a seguir los mismos pasos que el autonómico con la puesta en marcha de iniciativas para el empleo para que, a la vez, la Diputación también pueda aportar”.

El presupuesto del citado programa será de cuatro millones euros, financiados íntegramente por la Diputación, y de los que 2,4 millones será para municipios menores de 20.000 habitantes, otro millón para los mayores de 20.000 y menores de 50.000 habitantes, y unos 600.000 euros para los de más de 50.000 personas. En este sentido, las cantidades mayores, teniendo en cuenta la población y las contrataciones previstas, las recibirán las localidades de Dos Hermanas, con 287.105 euros; Alcalá de Guadaíra, con 168.671, y Utrera, con 144.223; además de Écija, con 114.357; Los Palacios, con 114.655 euros, y Mairena del Aljarafe, con 86.771 euros.

Así, se apuesta por colaborar con los ayuntamientos para mejorar el “bienestar y la calidad de vida” de los sevillanos, incorporando un valor añadido a las contrataciones laborales que se realizan por los Ayuntamientos, en ejecución de los programas ‘Emple@Joven‘, la ‘Iniciativa @mprende+‘, el ‘Emple@30+‘ y los enmarcados en el Decreto-Ley 8/2014 de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social de la Junta.

Diputación realizará la concesión directa de subvenciones destinadas a inversiones reales, necesarias para la ejecución de obras y otras actuaciones previstas por los ayuntamientos. El montante se utilizará íntegramente para la compra de materiales, equipamientos, herramientas y otros bienes inventariables, necesarios para la ejecución de obras. Los objetivos inmediatos son facilitar la promoción de empleo en colectivos especialmente sensibles a las situaciones de exclusión social, fomentar medidas para evitar la discriminación de personas desempleadas por razón de edad, priorizar medidas que fomenten el desarrollo de propuestas locales y territoriales y establecer directrices que eviten la exclusión de territorios por razón de localización.

Aprobación en junta de gobierno

En este marco, cabe recordar que la junta de gobierno de la Diputación aprobó en octubre una modificación de los vigentes presupuestos de la institución provincial para reconducir cuatro millones. Así, se hacía referencia a decretos autonómicos como el de medidas urgentes ante el paro juvenil y para fomentar el emprendimiento. El eje principal de estas actuaciones es la denominada Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven, que destina 173,9 millones de euros, la mayoría de ellos procedentes de los fondos europeos, para que a lo largo de 2014 y 2015, los ayuntamientos promuevan contrataciones de seis meses de duración entre jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años. En el caso de la provincia de Sevilla, por ejemplo, este decreto estipula el reparto de 40,1 millones de euros entre los municipios, al objeto de que unos 4.100 jóvenes desempleados se vean beneficiados por estas contrataciones temporales.

La fórmula de este decreto, es decir contrataciones temporales con cargo a los fondos comunitarios y canalizadas a través de los ayuntamientos, se repite en otros decretos autonómicos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social o parados de larga duración mayores de 30 años.