Instalaciones de la Mancomunidad del Guadalquivir en Sanlúcar la Mayor – ABC

Ocho investigados por fraude en otra planta de residuos sevillana, la del Aljarafe

• Un juzgado de Sanlúcar la Mayor abre diligencias contra tres alcaldes socialistas por malversación en la gestión de los camiones de basura

Renovaban la flota de camiones de basura y supuestamente vendían los vehículos viejos a un desguace sin procedimiento administrativo y sin fiscalización interna. Este procedimiento, ejecutado desde el año 2010, está siendo investigado por el juez de instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor en la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos. Es la tercera planta de este tipo que está siendo investigada en Sevilla por fraude tras los casos de Estepa y Aznalcóllar. Según la documentación que obra en poder de este periódico, el magistrado ha citado como investigados a ocho responsables de esta central de residuos que da servicio a 27 municipios de la segunda corona del Aljarafe, entre ellos tres alcaldes socialistas, por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.

La investigación tiene su origen en una denuncia de tres trabajadores de la planta a finales del pasado mes de junio. Estos empleados reunieron documentación para acreditar que los camiones de recogida de basura estaban siendo renovados desde el año 2010 sin seguir el procedimiento estipulado, por lo que se le perdía la pista a los camiones antiguos, nada menos que unos cien según los denunciantes. Además, desvelan que los responsables de la Mancomunidad también vendían la chatarra que se acumulaba en la planta sin dar cuenta al organismo.

La aportación de los citados empleados fue suficiente para que el juez de Sanlúcar la Mayor abriera el pasado 10 de julio diligencias contra los tres presidentes que ha tenido la Mancomunidad en la última década, los dos gerentes, el abogado, el economista, el jefe del área técnica y el jefe del taller. Concretamente, el primer investigado es el ex-alcalde socialista de La Puebla del Río Julio Álvarez, que ya fue condenado en 2011 a tres años de prisión y seis meses de inhabilitación por gastar más de 6.000 euros en llamadas telefónicas a una misma mujer desde el móvil del Ayuntamiento. Él alegó que esas llamadas eran de trabajo como alcalde para «ayudar a una vecina» y aunque el TSJA le rebajó la pena a un año y medio de prisión, en la sentencia quedó reflejado que las llamadas eran de índole íntima y que además de a la citada mujer había llamado también a una línea erótica de forma recurrente.

González fue además investigado por haber contratado a tres personas sin seguir el procedimiento en la Mancomunidad, donde ahora ha saltado este nuevo fraude, por el que también se investiga al alcalde socialista de Villamanrique, José de la Rosa, y a Rafael Moreno Segura, ex-alcalde de Huévar, un municipio que también es protagonista en los juzgados actualmente por la supuesta compra de votos del PSOE en las elecciones municipales que desveló ABC. Moreno, que llegó a ser director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía durante el gobierno de Susana Díaz, fue condenado en 2010 por vulnerar los derechos de la oposición al no facilitar al PP información básica del Ayuntamiento, en 2011 por una falta de injurias contra un policía local de su municipio y en mayo de 2015 por pegar a un árbitro en un partido de fútbol de cadetes. Junto a ellos van los gerentes y jefes de área, todos ellos conocidos militantes socialistas aljarafeños.

Los hechos que se investigan en la Mancomunidad del Guadalquivir para la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos están relacionados con la «omisión deliberada del procedimiento de licitación pública» para deshacerse de vehículos que eran propiedad de esta institución y que presuntamente fueron vendidos «de manera directa a un desguace que no es el adjudicatario de dicho servicio», razón por la que los denunciantes alertan de que «el dinero público obtenido en la venta de estos recursos ha sido apropiado indebidamente por algunos integrantes» de la Mancomunidad. Los tres empleados que han desvelado el posible fraude explican que los camiones que quedan inutilizados o en desuso y los restos metálicos de chatarra depositados en la planta de residuos se han estado vendiendo durante diez años de manera directa, sin procedimiento administrativo, por lo que esos ingresos no habrían llegado nunca al organismo público. «Hay que tener en cuenta que cada vehículo de recogida de residuos realiza diariamente una media de 110 kilómetros para recoger unos 400 contenedores, lo que supone unas 18 toneladas diarias por camión, lo que hace que la vida útil de este tipo de vehículos, en condiciones óptimas, sea muy reducida», explica la denuncia. Por esta razón, en la Mancomunidad hay una alta rotación de camiones, que se van renovando con bastante asiduidad, de ahí que se considere que las cantidades supuestamente desviadas durante una década pueden ser muy altas. El proceso comienza cuando el jefe de taller verifica la inutilidad de los camiones, que tiene que ser aprobada después por el jefe del área. Posteriormente hay que hacer un informe sobre la necesidad de sustituir ese vehículo por uno nuevo y declarar no apto el anterior. Y finalmente hay que licitar la venta al desguace, un capítulo del procedimiento que nunca se hizo. Además, los restos de chatarra se almacenan en unos contenedores ubicados en el exterior de la planta que, una vez completos, también se venden al desguace sin procedimiento administrativo previo.

El juez ya está investigando todo esto en la planta de residuos, la tercera de la provincia dirigida por el PSOE que está bajo sospecha.

Alberto García Reyes – abc