El Gobierno implantará en los colegios e institutos de toda España la figura del Criminólogo o Mediador de Convivencia

El Gobierno implantará en los colegios e institutos de toda España una nueva figura que velará para que no haya bullying ni acoso escolar. Se trata del Criminólogo o Mediador de Convivencia, un profesional para dedicarse a esta tarea en exclusiva al que estudiantes, padres y profesores podrán acudir si se produce cualquier problema en el entorno de la escuela.

Tendrá la responsabilidad, además, de «sensibilizar» a la comunidad educativa y de «garantizar el cumplimiento del protocolo de detección e intervención en casos de violencia», según se recoge en el borrador del Plan Estratégico de Convivencia Escolar, un proyecto con 75 medidas para combatir el bullying y fomentar el respeto en las escuelas. El documento ha sido explicado por el ministro Íñigo Méndez de Vigo a los consejeros autonómicos durante la Conferencia Sectorial de E.

Éstas son sus principales medidas:

En algunos colegios de Madrid, Andalucía, Cataluña y el País Vasco hay alumnos mediadores que, especialmente durante el recreo, se encargan de interceder en caso de conflicto. Este rol también está comenzando a surgir en su versión adulta, pero no está generalizado. El plan habla de «implementar el establecimiento de una figura de referencia responsable de la convivencia en cada centro, que tenga descarga horaria para la realización de sus funciones y que se asignará previa convocatoria y en función de unos criterios dados». Estará apoyado por una comisión mixta compuesta por el personal del centro educativo, los padres y los alumnos.

Educación va a «incorporar y reforzar los conocimientos y competencias requeridas relativas a la convivencia escolar» en las oposiciones de acceso a la carrera docente, tanto en el temario como en las prácticas. También se creará un fondo de becas para que los profesores puedan ir a congresos nacionales e internacionales sobre este asunto y se habilitarán espacios de formación diversos, como seminarios y cursos en red. Habrá itinerarios de desarrollo profesional en esta materia y quien quiera ser director tendrá más puntos si en su programa promueve la lucha contra la violencia en las aulas.

Los sindicatos reconocen que «se ha abandonado mucho la formación docente» y celebran estas medidas, pero consideran que el presupuesto del plan es «ridículo». Porque se necesitarían 60 millones para poder impartir a los 680.000 profesores que hay España un curso muy básico de 30 horas de duración. El plan está presupuestado en cuatro millones de euros. De ellos, 1,4 millones se han reservado para el teléfono de atención a las víctimas de bullying, una medida del plan que se puso en marcha el pasado noviembre.

El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un órgano creado en 2007 que, a lo largo de esta década, sólo se ha reunido una vez, en 2011 se pondrá en común con las autonomías un proyecto de real decreto que detalla la composición de este organismo. Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) denuncia que, en el borrador, «los alumnos están muy poco representados» en el Observatorio. «La patronal de enseñanza tiene dos vocales y nosotros sólo uno para representar a todos los colectivos de estudiantes».

Uno de los problemas del bullying es que apenas hay datos. Por eso el plan contempla la creación de un registro de casos «que permita el estudio desagregado por edad, motivación, características de las personas víctimas y agresoras, así como encuestas y cuantas actuaciones sirvan para incrementar el conocimiento de la situación y ofrecer información para la acción». El Observatorio emitirá informes periódicos, al estilo de lo que hace el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

La mayor parte del presupuesto (1,5 millones) es para programas de cooperación territorial. Uno de los objetivos es reforzar la colaboración entre las autonomías, que tienen distintos protocolos. El Gobierno quiere que se coordine mejor todo y va a crear una red estatal de atención a las víctimas, con un procedimiento para que los acosados puedan denunciar de forma segura y confidencial y recibir atención especializada. Si piden ayuda al colegio y esto no funciona, podrán denunciar directamente al gobierno autonómico «de forma que los centros no ostentarán en exclusiva la capacidad para elevar el caso». Habrá protocolos y códigos a nivel estatal y la Inspección Educativa «reforzará entre sus funciones la supervisión de la convivencia en los centros y el control de los planes y los protocolos». El borrador también habla de «desarrollar un marco normativo de convivencia escolar que considere las diferentes realidades autonómicas».

Se reconocerá a nivel estatal a los centros que hayan mejorado su convivencia y se potenciarán los planes basados en criterios científicos; habrá un manual de atención a las víctimas y guías para padres y profesores, campañas de sensibilización y una aplicación informática con geolocalización. El plan será evaluado dos veces: una a finales de 2018 o principios de 2019 y otra en 2020.