Encorsetados por la nueva ley y los controles

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La nueva normativa obliga a presupuestar para tener ahorro cada año y destinarlo a amortizar los créditos.

Écija, Morón, Montellano, Los Palacios y Alcalá de Guadaíra, Gerena, Huévar del Aljarafe, Marinaleda y Almadén de la Plata lideran el ranking

En números absolutos, los 443 millones de deuda viva con los que cerró 2014 el Ayuntamiento de Sevilla resultan llamativos, pero si se ponen en el contexto del tamaño de la ciudad la capital no es el municipio más endeudado de Sevilla. Según los datos de diciembre de 2014, publicados en julio, y dividiéndolos entre el padrón de población de ese año, es Écija el que lidera el ranking, seguido de Morón, Montellano, Los Palacios y Alcalá de Guadaíra. Son municipios que deben a entidades financieras o al Opaef, por adelantos varios, más de mil euros por cada vecino que tienen. Con más de 900 euros, les siguen Gerena, Huévar del Aljarafe, Marinaleda y Almadén de la Plata. 

Con todo y como reflejan los datos de Europa Press, comparando la deuda global en 2011 con la de 2014, la evolución es positiva. En 2013 once municipios debían más de mil euros por habitante y ahora son cinco y, de 105 ayuntamientos sevillanos, 99 redujeron también su deuda por habitante de 2013 y 2014. Entre los que no siguieron esa tendencia estuvieron la propia capital -que sí refleja una evolución positiva desde 2011-, Huévar, Montellano, Los Palacios, Las Navas o San Nicolás del Puerto. 

Pero esa evolución no tiene sólo que ver con que los gobiernos locales se hayan concienciado de que es importante tener unas arcas saneadas. Incluso, para poder hacer inversiones necesarias. La lógica de cualquier economía doméstica, que sabe que vivir por encima de las posibilidades es un riesgo a medio plazo, no se visualizaba tanto en los ayuntamientos cuando se ingresaban cantidades ingentes de dinero por el urbanismo. Con la anterior legislación, además, el riesgo de embargos o de ser intervenidos como administración era remoto. 

Así, la nueva legislación que ha ido sacando el Ministerio de Hacienda es determinante en la reducción global de esa deuda viva. Por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la normativa posterior, los municipios tienen un techo de gasto. Es decir, aún teniendo dinero no pueden aumentar su presupuesto de un año a otro más que en un pequeño porcentaje, que se calcula en función de su contabilidad y de la economía nacional. 

Ello lleva a que, normalmente, se genere un ahorro, un superávit, que, también por la nueva normativa, debe ir a amortizar créditos. Están encorsetados y cada poco sus funcionarios deben acreditar ante Madrid que se cumplen las normas así como lo que se redacta en el presupuesto y en los planes de ajuste. Los datos se hacen públicos además. La deuda viva de cada ayuntamiento se publica y se puede consultar en la web del Ministerio desde 2008. 

Que el pago de la deuda sea lo primero ha sido muy criticado. Se dice que cercena la autonomía local, que en periodos de crisis social lo prioritario serían planes de empleo, ayudas a los más desfavorecidos y no pagar a las entidades financieras, que en el conjunto de las administraciones públicas son los ayuntamientos los que más responsables han sido y los que más se han saneado. Pero la realidad es que, de momento, sólo en determinados casos, en los que los ayuntamientos o la Diputación -como la de Sevilla- están saneados y esa deuda viva representa una cantidad ínfima en su presupuesto, el ministerio de Montoro permite destinar el ahorro a inversiones, que están muy definidas, además, para que en ningún caso generen mayores costes en suministro o nóminas.

Deudas de Ayuntamientos, una mala  gestión