La persecución del rebusco hace peligrar el sustento de miles de familias

EL ACEITE – el oro de sangre y sudor

Las leyes comienzan en el Gobierno extremeño, el cual establecerá una regulación para una práctica del rebusco que «nadie va a conseguir prohibir»

>En campañas normales es frecuente ver a muchas personas dedicadas a la ‘rebusca’, recogiendo las aceitunas caídas tras el vareo, labor con la que se intentan completar los ingresos al trabajo por cuenta ajena.

Al final los rebuscadores tendrán que pasar por la piedra y pagar una cuota, un impuesto o una licencia ante una estrategia de terratenientes para que la gente que gana dinero rebuscando trabaje en esos campos cobrando la peonada por la mitad de lo que se sacan.

En el documental Los espigadores y la espigadora, la cineasta de origen belga Agnès Varda realizó un recorrido por Francia retratando a las personas que recogen aquello que los demás desperdician. Ya fuesen verduras o frutas, que sirven de alimento para personas sin recursos, como electrodomésticos o cualquier tipo de objeto susceptible de volver a ser utilizado, en una artística reflexión sobre las leyes del mercado y el derroche de las sociedades consumistas. Una realidad presente en todas las partes del mundo, y que en zonas agrícolas españolas como la comarca extremeña de Tierra del Barro y Andalucía se concreta en la práctica del rebusco, una actividad centenaria que encuentra amparo en el derecho de rebusco, fundamentado en el “ius usus inocuii” proveniente del Derecho romano: el derecho de coger frutos una vez que el dueño ya lo haya hecho.

La necesidad de ingresos empuja al rebusco «Quieren perseguir hasta la miseria»

Miles de personas en paro y jornaleros tras el termino de la vendimia, la aceituna, frutales, etc comienzan  efectuar «el rebusco» como medida de subsistencia, cogiendo lo que ha ya ha quedado en el suelo tras la cosecha. Supone el sustento de muchas familias, que encuentran unos ingresos adicionales en la recogida de un producto que de otra forma no se utilizaría.Familias y jornaleros en paro que practican esta actividad por necesidad.

El año pasado, en la comarca de Tierra de Barros en Estremadura, una zona con grandes cosechas de aceituna y vendimia, se recogió uva y aceituna de rebusco por valor de 18 millones de euros, según señalan las asociaciones de apoyo a los rebusqueros. Una cantidad estimable que permite subsistir a miles de familias. El intento de la Junta de Extremadura por ponerle coto, denuncian, está poniendo en peligro esta forma de subsistencia.

Hace dos años que la Administración autonómica trata limitar a esta práctica, tras las quejas de los propietarios de tierra y agricultores que quieren prohibir que los restos de la cosecha se usen para fabricar vino para que no les suponga una competencia, y exigen que se regule la actividad de los compradores e intermediarios bajo criterios sanitarios y fiscales. El gobierno extremeño trató de impulsar un decreto que regulase el rebusco, pero finalmente tuvo que aparcarlo por falta de competencias. La estrategia del Ejecutivo ha virado ahora hacia presionar a los potenciales compradores.

El departamento de Sanidad extremeño ha avisado a los compradores que la mercancía recogida por los rebusqueros es ilegal, alegando que no cumple con las medidas de control sanitario oportunas y que no es posible garantizar la trazabilidad del producto. Esta presión ha llevado a la Asociación en Defensa de los Público y los Campamentos Dignidad de Extremadura a levantar la voz por lo que consideran una actuación que pretende “acabar con los rebuscos y establecer una serie de trabas absurdas, difíciles por no decir imposibles de cumplir para los rebusqueros, los compradores, e incluso los propietarios de las tierras”.

Las razones de Monago

Entre el colectivo de los rebusqueros sentaron muy mal las palabras del presidente de la Junta, José Antonio Monago, que afirmó que los agricultores de la comunidad “no pueden crecer en la competitividad de su actividad si se enfrentan a una competencia desleal”. “Vamos a cerrar un acuerdo histórico en Extremadura para controlar el rebusco y proteger a los 50.000 agricultores del olivar y viñedo de quienes les roban y lo venden ilegalmente”, sentenció Monago. Juan Viera, integrante de la Asociación en Defensa de lo Público de Extremadura, asegura en conversación que los daños y robos que se hacen en el campo “son una minoría”. “Efectivamente puede haber gente que haga esos daños, pero para eso tenemos las Fuerzas del Orden para vigilar y perseguir a este personal”, señala Viera, que denuncia que se trata de una mera “justificación para ir en contra de los rebusqueros”.

El motivo principal de la presión, señala Viera, son los “intereses de la derecha agraria”, que pasan porque las personas que se dedican al rebusco dejen esta actividad y puedan ser empleadas por los terratenientes durante esta época. “Durante dos meses estas personas pueden vivir con lo que obtienen, porque desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde pueden sacar entre 70 y 80 euros, que es un sueldo importante. Por eso tratan de eliminar el rebusco, para que haya mano de obra disponible para estas faenas agrícolas en las que pagan 30 o 40 euros”, afirma. Y asegura que los pequeños propietarios, en cambio, no se oponen al rebusco: “Hay muchos agricultores en los pueblos que cuando hablas con ellos no ponen pegas de ningún tipo a que entre la gente en su tierra mientras que no se produzcan daños”.

Reunidos los rebusqueros y compradores trataron de consensuar una serie de propuestas para trasladar a la Junta y poder continuar con la actividad. Por parte de los compradores de rebuscos se propuso constituir una asociación que pudiera hacer frente a los posibles daños y robos que se comentan en las propiedades privadas durante el desarrollo del rebusco. También se planteó que en las bodegas haya depósitos destinados a la recepción de estas cosechas, con el objetivo de que se puedan realizar los análisis necesarios.

Recelos de los olivareros

Sin embargo, esta propuesta despierta recelos entre los cooperativistas. El mayor temor de los agricultores es que con la disculpa de la rebusca se camuflen los robos en el campo que vienen recrudeciéndose en los últimos años

Los propietarios explican de poner «condiciones» y la obligación de que exista ese permiso expreso por parte del propietario del olivar y que la rebusca no se lleve a cabo hasta que finalice la campaña. «Estos requisitos son imprescindibles», en opinión de las cooperativas, «para evitar problemáticas mayores, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de robos en el campo y el temor a que se generalicen durante la presente campaña».

Las cooperativas solicitan también a las subdelegaciones del Gobierno que retomen el sistema de inspección que permite controlar en origen, destino y transporte, la procedencia del producto, evitando así que, con la rebusca, se faciliten las sustracciones de aceituna y su comercio irregular.

Más radicalmente se pronuncia la organización agraria Asaja Jaén, cuyo gerente, Juan Carlos Valero, considera «una barbaridad la propuesta socialista porque haría a los ayuntamientos los empleadores de estos rebuscadores». Además, considera que apenas habrá aceituna para más de un mes de trabajo. «Con los precios actuales de la aceituna y del aceite, es difícil que alguien se la deje en el campo y sólo se dejará en casos muy extremos en los que no se cojan ni 40 kilos por persona al día».