Diputación alerta de que la deuda de los ayuntamientos ha crecido un 21% por los préstamos de los planes de pago

Rodríguez Villalobos en la presentación ayer de los dispositivos de detección de drogas en los conductores.

Rodríguez Villalobos ha evaluado los primeros meses de funcionamiento de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez  Villalobos (PSOE), ha alertado de que la deuda viva de los  ayuntamientos de la provincia ha crecido un 21,42 por ciento entre  2011 y 2013 como consecuencia de los préstamos concertados merced al  mecanismo estatal de pago a proveedores promovido por el Gobierno  central del PP, censurando además los efectos de la Ley 27/2013 de  racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la  conocida como reforma local.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez Villalobos ha evaluado  los primeros meses de funcionamiento de la Ley 27/2013 de  racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que  incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos. La  nueva ley reconoce como competencias “propias” de los ayuntamientos  el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el  abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el  tráfico urbano o la promoción turística, por ejemplo, pero por  contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre  otras materias determinantes, son competencia de las comunidades  autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

Frente a esta regulación, el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA ha  promovido un decreto Ley que, merced a la Ley de Autonomía Local de  Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad  Autónoma (Patrica), reserva para los ayuntamientos 29 competencias,  toda vez que dicho decreto Ley surge en paralelo a la impugnación de  la citada ley ante el Tribunal Constitucional.

RECURSO AL CONSTITUCIONAL

En paralelo, los parlamentos de Extremadura, Cataluña y Navarra,  los gobiernos autonómicos Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias y  varios partidos de la oposición han recurrido la nueva regulación  ante el Tribunal Constitucional,

A tal efecto, el presidente de la Diputación de Sevilla explica  que este enfrentamiento, así como los conflictos derivados de la  adaptación de los programas que los ayuntamientos desarrollan en  materia de empleo, formación para el empleo o servicios sociales,  ponen de relieve que la reforma local está cayendo como un “verdadero  desastre” en los ayuntamientos, que sufren “una regresión en la  autonomía municipal y, por ende, en la calidad y cantidad de los  servicios que prestan a sus vecinos y vecinas”.

“De ahí la constante y permanente denuncia de los sindicatos, por  ejemplo, en el Ayuntamiento de la capital, ante la merma de servicios  que representa la reforma local en materia social”, enfatiza el  presidente de la Diputación, quien habla de un “secuestro de la  autonomía local” y de un “acoso y derribo” del Gobierno central del  popular Mariano Rajoy a los ayuntamientos.

LAS CIFRAS NO ENGAÑAN

En ese sentido, ha detallado los efectos, en números, de los  decretos promovidos por el Gobierno central del PP para que los  ayuntamientos concertasen préstamos al objeto de conseguir liquidez  para pagar las deudas pendientes con sus proveedores. Y es que las  cifras, según Villalobos, ponen de manifiesto que la deuda viva de  las administraciones locales de la provincia de Sevillarondaba los  963 millones de euros en 2009, se redujo a 873 en 2010, bajó de nuevo  a 859 millones en 2011, pero a partir de las citadas medidas  estatales de 2012, este indicativo creció hasta los 1.073 millones de  euros ese año y sólo se contrajo hasta los 1.043 millones al cierre  del último ejercicio en 2013.

“Mientras entre 2009 y 2011, de manera natural, la deuda viva de  los ayuntamientos sevillanos se reducía en 104 millones de euros (un  diez por ciento), desde ese momento hasta hoy esa misma deuda viva ha  crecido en 184 millones de euros, lo que implica una subida del 21,42  por ciento”, avisa Rodríguez Villalobos.

Todo cuando el sector de la administración local es “el único que  viene cumpliendo,ajustándose desde hace mucho tiempo a la nueva  coyuntura económica y ajustando su gasto a sus ingresos”, extremo que  según defiende ha partido del propio “sentido común” de los  gobernantes locales y no de las “saetas” del Ministerio de Hacienda y  Administraciones Públicas, dirigido por Cristóbal Montoro.